El exfuncionario enfrenta cargos por la creación de ítems fantasmas que habrían causado un daño económico millonario al municipio cruceño.
Santa Cruz de la Sierra, 21 de mayo de 2025. La comisión de fiscales que investiga el caso ítems fantasmas solicitó este miércoles la detención preventiva por 180 días de Antonio Parada Vaca, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, en el penal de Palmasola. También requirió la incautación judicial de siete inmuebles registrados a su nombre.
Durante la audiencia, que aún se encontraba en desarrollo al promediar el mediodía, la fiscal Yolanda Aguilera formalizó la imputación ante los jueces Freddy Coronel y Claret Llanos. Parada, recientemente extraditado desde Brasil, asistió junto a su abogado defensor.
La Fiscalía acusa a Parada de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros delitos vinculados a la creación de al menos 800 ítems fantasmas en la Alcaldía. De acuerdo con la investigación, esos contratos permitían cobrar sueldos sin la prestación efectiva de servicios, generando un perjuicio económico superior a los 24 millones de bolivianos.
Como parte de las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la incautación de siete propiedades atribuidas a Parada en Santa Cruz de la Sierra, con el fin de resarcir el daño económico.
Tras la exposición del Ministerio Público, representantes del Ministerio de Justicia, parte querellante en el proceso, respaldaron el pedido de detención preventiva. Se espera que la defensa de Parada presente sus argumentos antes de que el tribunal emita su resolución.
Parada fue extraditado desde Corumbá, Brasil, hace tres días, luego de permanecer en detención desde 2022. Su llegada a Bolivia fue coordinada entre autoridades judiciales de ambos países.
Desde la Alcaldía cruceña, el vocero Bernardo Montenegro manifestó que el proceso judicial debe centrarse también en la recuperación de los recursos municipales presuntamente desviados. Según declaraciones previas de la entidad edil, el daño económico acumulado en diferentes procesos podría superar los 200 millones de bolivianos.
El tribunal de sentencia deberá emitir su fallo en las próximas horas, una vez concluyan los alegatos de las partes involucradas.