Bolivia, 19 de junio de 2025 – La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) presentaron una denuncia formal ante organismos internacionales, alertando sobre una “preocupante y sistemática escalada de violencia contra periodistas en el país, especialmente entre enero y junio de este año”. La nota fue enviada a la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, tras la resolución adoptada en la Conferencia Nacional de Asociaciones de Periodistas realizada el 18 de junio.
En el comunicado, las asociaciones expusieron un incremento de ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica. Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, al menos 51 casos de vulneraciones a la libertad de prensa se registraron durante el primer semestre de 2025, muchos vinculados a movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales. Las agresiones incluyeron golpizas, amenazas, requisamiento de equipos y uso de agentes químicos y balines por parte de la Policía contra reporteros en ciudades como La Paz, El Alto, Sipe Sipe y Llallagua. Incluso corresponsales internacionales resultaron heridos.
El informe también denuncia que entre 2022 y 2024 la libertad de prensa fue el segundo derecho más vulnerado en Bolivia, con 495 registros, solo por detrás de la afectación a la institucionalidad democrática. “No se trata de hechos aislados. Se evidencia una tendencia sistemática de censura, violencia y criminalización del periodismo”, advierte el documento.
Una de las dimensiones más alarmantes señaladas es la violencia de género contra mujeres periodistas, quienes han sufrido ataques verbales y físicos con contenidos sexistas en ciudades como Desaguadero, Yapacaní y Santa Cruz. Además, se alerta sobre la participación directa o permisiva de autoridades estatales en la estigmatización del trabajo de la prensa, con discursos como “prensa vendida” o “mentirosa”, lo que fomenta la hostilidad y la impunidad.
Frente a esta situación, la ANPB y la ACPI solicitaron a los relatores de la ONU y de la CIDH un “seguimiento constante a la situación de la libertad de prensa en Bolivia”, subrayando que la falta de acciones preventivas, investigativas y sancionatorias por parte del Estado constituye una omisión agravada y una violación al deber de garantía establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, las organizaciones periodísticas pidieron a la comunidad internacional mantenerse vigilante: “No puede haber democracia sin libertad de prensa, y no puede haber libertad de prensa sin garantías estatales que protejan su ejercicio”, concluye el pronunciamiento.