Wilber Miranda cumple una sentencia de 30 años por el asesinato de su esposa, Mónica Siviora. Familiares denuncian que el sentenciado mantiene un despacho jurídico dentro del penal.
Riberalta, Beni — 25 de junio de 2025 .- Wilber Miranda, abogado de profesión y actualmente sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el feminicidio de su esposa, Mónica Siviora, estaría ejerciendo su profesión al interior de la carceleta pública de Riberalta, según denunciaron familiares de la víctima.
Miranda fue condenado en enero de 2025 tras un proceso judicial que lo halló culpable del asesinato ocurrido en mayo de 2024. De acuerdo con la investigación fiscal y los informes forenses, la víctima, de 33 años, presentaba signos de violencia física, incluyendo fracturas en las costillas, traumatismos en la cabeza y lesiones internas. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue por golpes contundentes.
Según el informe policial, el 19 de mayo de 2024, el cuerpo de Siviora fue encontrado en la cama de su vivienda, luego de que su pareja saliera del domicilio alertando a los vecinos. El Ministerio Público clasificó el caso como feminicidio y ordenó la aprehensión inmediata de Miranda.
Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron establecer la culpabilidad del acusado. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia de Riberalta.
La familia de la víctima, que impulsó el proceso judicial, denunció recientemente que el sentenciado continúa ejerciendo funciones como abogado dentro del recinto penitenciario. Según indican, Miranda habría instalado un despacho jurídico en el penal y estaría cobrando por servicios legales, firmando documentos como profesional en ejercicio.
Las denuncias fueron remitidas a las autoridades penitenciarias y al Colegio de Abogados para que se verifique si el condenado continúa habilitado para ejercer, pese a su condición de recluso por un delito grave.
El reglamento penitenciario boliviano prohíbe a los internos beneficiarse económicamente mediante actividades que no estén autorizadas o supervisadas por el régimen del centro de detención. Asimismo, el ejercicio profesional dentro de un penal está sujeto a restricciones legales, especialmente en casos donde exista una sentencia ejecutoriada por delitos de extrema gravedad.
Familiares de Mónica Siviora piden a las autoridades correspondientes que se investigue si existe encubrimiento o negligencia por parte del personal penitenciario y que se revoque cualquier acreditación profesional vigente de Miranda.
La Dirección General de Régimen Penitenciario aún no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia.