El debate se vio interrumpido por enfrentamientos entre legisladores, reclamos por el tipo de votación y acusaciones de supuesta corrupción.
La Paz, 4 de julio 2025.- La Cámara de Diputados suspendió sin fecha ni hora la sesión en la que se trataba el contrato suscrito entre el Gobierno de Bolivia y la empresa china Hong Kong CBC para la industrialización del litio, luego de una jornada marcada por tensiones, empujones y acusaciones entre legisladores.
El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, declaró el cuarto intermedio cerca de las 05:00 de este viernes, luego de que no se lograran las condiciones para continuar con la sesión. “No habiendo las garantías vamos a declarar en cuarto intermedio sin fecha ni hora”, anunció.
La sesión, que comenzó el jueves a las 10:30, debía considerar en su estación en grande el contrato firmado en noviembre de 2024 para la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, Potosí. El acuerdo prevé la participación de la empresa CBC en calidad de prestadora de servicios.
Durante el debate, Yujra dispuso que la votación se realizara mediante escrutinio. Sin embargo, legisladores de oposición y del ala “evista” del MAS tomaron el espacio contiguo a la testera en rechazo a esta modalidad y exigieron que la votación fuera nominal, con el fin de conocer públicamente la posición individual de cada diputado.
En medio de gritos como “el litio no se regala, el litio no se vende”, la sesión se tornó caótica. Legisladores denunciaron presuntas irregularidades en la aprobación del contrato. La diputada Luisa Nayar (Comunidad Ciudadana) afirmó que algunos parlamentarios habrían recibido dinero para respaldar la norma, aunque no presentó pruebas. Lissa Claros denunció la supuesta circulación de “maletines negros” con el mismo fin.
La situación escaló cuando legisladores voltearon casetas de votación y arrojaron agua al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, quien brindaba explicaciones sobre el contrato.
Claros también argumentó que el contrato no debería ser tratado debido a una acción popular en curso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), interpuesta por más de 50 comunidades. Además, sostuvo que no existe una ley de consulta previa con los pueblos originarios del área de influencia.
El ministro Gallardo aseguró que el acuerdo fue socializado en distintos espacios y que su tratamiento se enmarca en las normas vigentes. No se informó cuándo será reprogramada la sesión para continuar con el análisis del proyecto de ley.