La Paz, 29 de julio de 2025.– La Cámara de Diputados de Bolivia asignó un presupuesto total de más de Bs 5 millones para la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales durante la gestión 2025, en un contexto de severa crisis económica que incluye inflación acumulada superior al 15%, escasez de combustibles y caída en la producción gasífera.
Según los contratos oficiales, destinados por vía de contratación directa a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA) y a la agencia privada Next Travel SRL, se presupuestaron Bs 3.889.570 para viajes nacionales y Bs 1.163.700 para pasajes internacionales, sumando Bs 5.053.270 para la atención a las necesidades de movilización de los diputados, representantes supraestatales y personal de la Cámara. Los contratos son válidos hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el monto asignado.
Este gasto se enmarca dentro de un patrón histórico en el Legislativo boliviano, en el que de 2021 a 2024 se destinaron más de Bs 21 millones solo para pasajes aéreos en ambas cámaras del Parlamento, siendo la Cámara de Diputados la que más recursos erogó. Estos fondos representan cerca del 70% del monto total asignado a servicios complementarios a los parlamentarios, que incluyen telefonía móvil, seguros de vida y otras prestaciones.
La decisión de asignar más de Bs 5 millones en pasajes aéreos ha sido duramente cuestionada por diversos sectores. Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), criticó la desconexión de la clase política con la realidad del país y la desnaturalización de sus funciones constitucionales, en un contexto donde la agenda parlamentaria está prácticamente congelada y no se atienden problemas urgentes.
El diputado evista Daniel Rojas denunció que su grupo no tiene participación ni acceso a las comisiones encargadas de estos temas, y pidió realizar estudios detallados para ajustar el presupuesto a la realidad nacional, reduciendo gastos superfluos como viáticos innecesarios.
Por otro lado, el exdiputado Hugo San Martín destacó la dificultad de cancelar viajes en el trabajo legislativo, pero insistió en que debe planificarse mejor la frecuencia y monto asignado para responder a la crisis económica y evitar despilfarros.
Asimismo, José Luis Porcel, diputado de Comunidad Ciudadana, consideró que el alto monto destinado a pasajes responde a «dádivas políticas» para la compra de conciencias en los últimos meses de gestión y llamó a una mayor fiscalización para evitar este tipo de manejos.
Los contratos estipulan procesos de emisión, conciliación y reporte mensual para el control de gastos, en los cuales la Cámara de Diputados verifica el detalle de pasajes emitidos antes de efectuar pagos, con el objetivo declarado de eficiencia y priorización en rutas cortas y tarifas económicas. Sin embargo, estas medidas no han logrado aplacar la polémica generada por la magnitud del gasto en un contexto económico delicado para Bolivia.
Este episodio refuerza el debate público sobre la austeridad, la transparencia y la responsabilidad en el uso de recursos públicos por parte de los legisladores bolivianos, y pone en el centro la necesidad de evaluar el impacto real de los fondos destinados a la operatividad parlamentaria frente a las necesidades nacionales.
