San Salvador, 1 de agosto de 2025.– El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialista partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
La reforma contó con el apoyo mayoritario de 57 de los 60 parlamentarios y fue defendida por la diputada oficialista Ana Figueroa, quien afirmó que busca “darle el poder total al pueblo salvadoreño”, generar estabilidad y reducir costos políticos y jurídicos. Asimismo, la reforma adelanta el final del actual mandato presidencial de Bukele del 2029 al 1 de junio de 2027, fecha en la cual se realizarán elecciones concurrentes presidenciales, legislativas y locales.
Sin embargo, esta iniciativa recibió duras críticas de la oposición y organizaciones civiles. Legisladoras como Marcela Villatoro y Claudia Ortiz advirtieron que esta medida “marca la muerte de la democracia”, perpetúa a un pequeño grupo en el poder y agrava las desigualdades. Expertos señalan que la reelección indefinida pone en riesgo la alternancia política y puede derivar en deterioro democrático.
Desde el inicio del nuevo mandato de Bukele en 2024, tras su reelección con un 82.8% de votos avalada por una Sala Constitucional favorable, organismos de derechos humanos han denunciado crecientes actos represivos contra voces críticas, citando detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión.
Noah Bullock, de la organización Cristosal, señaló que la aprobación apresurada y sin amplio debate “cambia el sistema político para perpetuar al presidente en el poder y sigue el camino de otras dictaduras en la región”. Por su parte, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que “se está replicando el modelo venezolano, donde un líder popular concentra poder absoluto en detrimento de la democracia.”
Bukele ha justificado su permanencia y medidas de seguridad apelando a la reducción drástica de homicidios y combate a pandillas en sus primeros años de gestión. Sin embargo, sus políticas han sido severamente cuestionadas por detenciones masivas sin juicio justo y condiciones abusivas en centros de reclusión.
Este nuevo capítulo constitucional en El Salvador marca un punto decisivo que genera debates intensos sobre los límites del poder presidencial, el respeto a la democraticidad y el futuro político del país centroamericano.