La Paz, 4 de agosto de 2025.– Rubén Ríos, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol), figura como propietario de una empresa unipersonal dedicada a la venta mayorista de harina, ubicada en Villa Victoria, La Paz, lo que ha generado una polémica sobre un presunto conflicto de interés y negocio con la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Según una revisión del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) realizada por la Agencia de Noticias Fides (ANF), la empresa registrada a nombre de Ríos se dedica a la venta de harina, transporte de carga interdepartamental y larga distancia. La matrícula comercial 2608919012 está activa y renovada, y el número telefónico registrado coincide con el del dirigente.

Elizabet Galarza, dirigente de los panificadores independientes, denunció que Ríos vende a Emapa el quintal de harina a un precio de Bs 480, pero Emapa lo distribuye a los panificadores a un precio subvencionado de Bs 109, lo que pone en duda la transparencia del proceso y sugiere irregularidades no investigadas hasta el momento.

Además, se acusa que una entrega de 2.500 quintales de harina destinada a panificadores independientes en Cochabamba no fue recibida por ellos, y hay señalamientos sobre dirigentes locales que habrían desviado ese insumo.

Por su parte, José Llanos, representante de la Asociación de Panificadores en Potosí, aseguró que no existen pruebas que respalden las acusaciones y afirmó que se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investiguen las denuncias con rigor judicial.

Un recorrido realizado por ANF confirmó que el precio del quintal de harina en el mercado de abarrotes Gallardo en La Paz ronda los Bs 400, mientras que Emapa declara pagar Bs 485 para cumplir con la entrega subvencionada a los panificadores que elaboran pan de batalla.

Las autoridades y afectados esperan que se esclarezcan estas denuncias para garantizar la transparencia en la provisión de insumos básicos a los panificadores y evitar posibles abusos de poder o corrupción en el sector.