El Alto, 26 de agosto de 2025.- Organizaciones de víctimas de la masacre de Senkata manifestaron este martes un profundo rechazo y denunciaron un “manto de impunidad” tras la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto de anular las pruebas en el proceso contra Jeanine Áñez y otros acusados por los hechos ocurridos en noviembre de 2019. La resolución instruye remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para evaluar su posible tratamiento como juicio de responsabilidades, lo que provocó indignación entre familiares y activistas.
Gloria Quisbert, representante de las víctimas, calificó la decisión como una afrenta directa a los derechos humanos y a la memoria de los fallecidos. “El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos,” declaró conmovida.
La resolución judicial fue percibida como un retroceso que reabre profundas heridas y representa abandono hacia las víctimas y sectores vulnerables. David Inca, activista de derechos humanos y también representante de las víctimas, denunció que la audiencia supuso una revictimización en la que “los victimarios argumentaron ser víctimas y las víctimas quedaron en indefensión”.
Un familiar de la Asociación de Presos y Perseguidos Políticos del gobierno de Áñez recordó las detenciones y torturas sufridas durante el conflicto de 2019, y criticó la protección que se brinda a los presuntos responsables mientras que las víctimas siguen siendo ignoradas.
Muchas víctimas expresaron su dolor por la posibilidad de que Áñez, Camacho y Pumari queden en libertad, enfatizando que los hechos de 2019 no deben ser olvidados ni impunes.
