La Paz, 22 de mayo – Este miércoles, los representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia de los nueve departamentos se congregarán en un Ampliado Nacional en La Paz. Juan Carlos García, ejecutivo de la Confederación, informó que la reunión tendrá lugar para discutir y aclarar dudas sobre el Decreto Supremo (DS) 4732 con autoridades del Gobierno nacional.

“Los hermanos gremiales estamos convocados para participar de un Ampliado Nacional y también para escuchar las palabras de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, y algunas autoridades del Ministerio de Economía”, señaló García.

La reunión contará con la presencia de funcionarios de la Aduana Nacional y el Viceministerio de Política Tributaria, quienes continuarán con el análisis del DS 4732, el cual ha sido objeto de observaciones por parte de algunos dirigentes. García destacó la importancia de este encuentro para aclarar las preocupaciones y supuestos reclamos que han surgido en torno al decreto.

“Nosotros estaremos hoy trabajando de la mano de la presidenta de la Aduana Nacional y con el viceministro Johnny Morales y otras autoridades para que estos supuestos reclamos sean aclarados a los hermanos gremiales”, enfatizó García.

El ejecutivo gremial manifestó que en el ampliado se decidirán las medidas a tomar frente a las convocatorias a marchas y bloqueos, que afectan principalmente a los comerciantes minoristas. García criticó a ciertos dirigentes, como Toño Siñani, Jesús Cahuana, Cesar Gonzales y Mercedes Quisbert, por supuestamente engañar a los gremiales y promover acciones que no benefician al sector.

“Lamentablemente, en su carrera de querer ser ejecutivo de una supuesta confederación, Toño Siñani destaca mentiras sobre el DS 4732 y engaña a los hermanos con temas que no están relacionados con el diario vivir de la familia gremial”, lamentó García.

García también explicó que acudirán a la Cámara de Senadores para conocer la respuesta del senador Félix Ajpi sobre la solicitud de retirar el proyecto de Ley 145, presentado sin consenso con los gremiales ni el Ejecutivo.

El DS 4732, vigente desde junio de 2022, establece que los contratos de compra y venta de bienes inmuebles en preventa no deben tener cláusulas ni prácticas comerciales abusivas, buscando proteger a la población de estafas y engaños por parte de empresarios o inmobiliarias.