La Paz, 19 de junio de 2024 – El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha dejado sin efecto el fallo que otorgaba la tutela de 33,000 hectáreas de tierra a la familia Branco Marinkovic. Esta decisión se basa en la detección de irregularidades en el proceso de saneamiento de las tierras, realizadas durante el gobierno de Jeanine Áñez.
En 2021, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificó múltiples irregularidades en el proceso de saneamiento de los predios Tierras Bajas del Norte y Laguna Corazón en Santa Cruz, lo que llevó a la toma de acciones legales para revertir estos trámites. César Siles, Procurador General del Estado, explicó que la Resolución Suprema que titulaba las tierras a la familia Marinkovic ha quedado sin efecto, permitiendo al INRA continuar con su labor de detectar y denunciar irregularidades.
En diciembre de 2023, el TCP había emitido un auto constitucional (0047/2024) que favorecía a la familia Marinkovic, concediéndoles la tutela de más de 33,000 hectáreas de tierra. Esta decisión fue inmediatamente cuestionada por las autoridades gubernamentales, quienes anunciaron la presentación de recursos legales para anular dicha resolución.
El Viceministerio de Tierras y el INRA acusaron a los magistrados Gonzalo Hurtado y René Iván Espada de favorecer de manera ilegal e inconstitucional a la familia Marinkovic, vinculada al exministro de Economía del gobierno de Jeanine Áñez. En este contexto, se destacó que las irregularidades fueron detectadas en octubre de 2020, cuando la entonces presidenta Áñez firmó la Resolución Suprema 26.916, que ordenaba la emisión del título ejecutorial del predio Laguna Corazón de 12,481 hectáreas a favor de los Marinkovic.
El 21 de abril de 2021, el presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4494, que instruía al Viceministerio de Tierras a mandar la nulidad de estas resoluciones ante el Tribunal Agroambiental. El objetivo era revertir las tierras a favor del Estado para su posterior entrega a comunidades indígenas.
César Siles también señaló que algunas sentencias del TCP han generado confusiones, afectando los fallos del Tribunal Agroambiental sobre la titulación de tierras. Esto ha llevado a la necesidad de una revisión exhaustiva de las decisiones emitidas para asegurar la legalidad y justicia en la distribución de tierras.