Bolivia, 24 de junio de 2024 – Una investigación interna revelada en «Los Manuscritos de Charagua» muestra que la Compañía de Jesús en Bolivia recibió repetidas denuncias de abusos a menores desde los años ochenta hasta la actualidad, contradiciendo sus afirmaciones de desconocimiento sobre tales acusaciones.
El diario español «El País» ha documentado cómo tres jesuitas españoles, Alfonso Pedrajas, Lucho Roma y Luis Tó, fueron denunciados por abusos sexuales ante la orden jesuita. Osvaldo Chirveches, ex alto cargo de los jesuitas en Bolivia, afirmó hace un año que desconocía los crímenes de Pedrajas. Sin embargo, documentos internos obtenidos por «El País» desmienten esta declaración, evidenciando que desde los años ochenta, la cúpula jesuita en Bolivia recibió denuncias contra Pedrajas y otros por pederastia. A pesar de esto, se optó por trasladar a los abusadores en lugar de denunciarlos a las autoridades, perpetuando así el ciclo de abusos.
Lucho Roma, otro sacerdote español, abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las investigaciones internas de la orden confirmaron sus crímenes y los de otros jesuitas, pero estos hallazgos fueron ocultados tras la muerte de Roma en 2019. De igual forma, Luis Tó, condenado en 1992 por abusos en España, fue trasladado a Bolivia donde continuó en contacto con menores, pese a que la orden en ambos países negaba su acceso a niños. César Maldonado, un jesuita que denunció a Roma en 2016, afirmó que las acusaciones contra Pedrajas eran conocidas por los provinciales desde 1982, y que estos eligieron trasladar a los acusados a diferentes lugares, en lugar de impedir su contacto con menores.
Francisco Pifarré, otro jesuita español, admitió en un interrogatorio haber encubierto estos delitos. Argumentó que, en los años ochenta, la pederastia era vista más como una falta a los votos religiosos que como un delito merecedor de cárcel. Pese a su confesión, la orden no abrió una investigación en su contra ni abordó los nuevos casos de abusos descubiertos en 2019.
La Procuraduría General del Estado ha enfatizado que esta resolución es vinculante y obligatoria para todas las autoridades, servidores públicos y particulares, sin excepción. La institución reafirma su compromiso con la justicia, el estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales, defendiendo con vigor las acciones que protegen los intereses del Estado y previenen daños a la sociedad en su conjunto.
La revelación de estos encubrimientos llega en un momento crítico y destaca la necesidad urgente de transparencia y responsabilidad en la Iglesia y otras instituciones para prevenir futuros abusos y garantizar justicia para las víctimas.