La Paz, 3 de julio de 2024 – Cuatro militares del Ejército, dos coroneles y dos capitanes, han presentado una denuncia contra el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, acusándolo de obligarlos a participar en la revuelta militar del pasado 26 de junio, que el Gobierno ha calificado como un «fallido golpe de Estado». Los denunciantes forman parte de un grupo de inteligencia creado por Zúñiga dos meses antes de los hechos.
El general del servicio pasivo, Tomás Peña y Lillo, señalado como el «principal buscado» por el Gobierno en relación con los eventos del 26 de junio, reveló en una entrevista con Erbol que incluso antes de la asonada militar tenía dudas sobre si se trataba realmente de un golpe de Estado. Peña y Lillo, quien ahora se encuentra en la clandestinidad, expresó que no estaba claro cuál era el objetivo de Zúñiga, quien insistía en tomar la plaza Murillo.
La denuncia contra Zúñiga fue presentada el 28 de junio por los coroneles Luis Balanza Gerónimo y Miguel Iriarte Sandoval, junto con los capitanes Waldir Mamani Hidalgo y Leonel Sanjinés Rada. En su declaración, los militares afirmaron desconocer los «hechos punibles que pretendía perpetrar (Zúñiga)» y señalaron que simplemente obedecieron una orden superior para estar presentes en la plaza Murillo en calidad de equipo de seguridad.
El fiscal Franklin Alborta informó que alrededor de 30 personas, entre civiles y militares, están siendo investigadas por el golpe de Estado fallido del 26 de junio, describiendo el caso como «bastante complejo». Hasta ahora, 22 personas han sido aprehendidas, y los familiares y abogados de los uniformados aseguran que ellos «sólo cumplían órdenes» el día de los hechos.