La Paz, 23 de julio de 2024 – Bolivia ha superado el número de feminicidios registrados en el mismo período del año pasado, alcanzando 51 casos. En apenas dos días, del 19 al 21 de julio, los asesinatos de Juanita A.P. en Tarija y María Luisa G.C. en Potosí elevaron la cifra de mujeres asesinadas en lo que va del año.
Juanita A.P., de 33 años, fue encontrada muerta el 21 de julio en el barrio Los Tajibos de Tarija. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que su cuerpo presentaba un impacto de bala en el rostro, ingresando por el pómulo y saliendo por el cráneo. El principal sospechoso es su pareja, Carlos Osvaldo Gutiérrez, de 36 años, quien se encontraba prófugo hasta el cierre de esta edición. Según los informes, el asesinato ocurrió después de que la pareja visitara a la madre de Carlos O.G. con sus hijos. Bajo los efectos del alcohol, el hombre disparó a Juanita mientras ella buscaba un vehículo. A pesar de los esfuerzos de sus familiares, la víctima falleció al llegar al hospital.
La Policía ha difundido la fotografía de Carlos Osvaldo Gutiérrez y ha solicitado la colaboración del público para su captura. Cualquier información puede ser comunicada al 71280618, al 110 o al 120. Gutiérrez tiene antecedentes penales y estaba declarado como rebelde.
El 19 de julio, María Luisa G.C., de 29 años, fue encontrada sin vida cerca de la mina Roberto del Cerro Rico de Potosí. Su cuerpo presentaba un severo traumatismo craneoencefálico. Según la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, el principal sospechoso es su compañero de trabajo, Gunar M.A., de 26 años. El fiscal del caso, Efraín Rocha, mencionó que existen indicios suficientes para presumir su participación en el feminicidio, por lo cual se ha emitido una orden de aprehensión en su contra.
La Paz encabeza la lista de departamentos con mayor número de feminicidios e infanticidios. En abril, declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, calificando la Ley 348 como «antihombres», fueron duramente criticadas por organizaciones de derechos humanos y de defensa de la mujer, quienes argumentaron que estas declaraciones fomentan la impunidad y minimizan la gravedad de los feminicidios.