La Paz, 6 de noviembre de 2024 – La Procuraduría General del Estado en Bolivia solicitó nuevamente a la Fiscalía emitir una orden de aprehensión contra los dirigentes del Estado Mayor del Pueblo, Humberto Claros y Ponciano Quispe, así como contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, acusándolos de terrorismo y otros delitos. La solicitud surge en el contexto de bloqueos que duraron 19 días y fueron organizados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en reclamo de medidas para enfrentar la crisis económica, el alza en precios de productos y la escasez de combustible.
Juan Ramón Quintana, quien fuera una figura clave en el gobierno de Evo Morales y un crítico del gobierno actual, enfrenta cargos similares en un clima de tensiones entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo. Esta situación ha llevado a una serie de procesos judiciales contra figuras cercanas a Morales, incluyendo al exministro de Minería, Alberto Echazú, y al exprocurador Wilfredo Chávez, ambos acusados de delitos en circunstancias que han generado controversia en el ámbito político.
La lista de exfuncionarios del gobierno de Morales con procesos abiertos continúa creciendo, en un panorama que recuerda los juicios iniciados en 2019 durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez contra miembros del MAS-IPSP. En respuesta, el equipo jurídico del MAS anunció que presentará una lista detallada de todos los procesos impulsados bajo la administración actual contra la militancia y dirigencia de su partido.
