La Paz, 28 de noviembre de 2024 – Los alcaldes de Achocalla y La Paz, Manuel Condori e Iván Arias, acudieron a la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar declaración como testigos en la investigación sobre la mazamorra que sepultó varias viviendas en Bajo Llojeta, dejando como saldo la trágica muerte de una niña de cinco años. La Alcaldía paceña acusa a la inmobiliaria Kantutani de provocar el desastre con movimientos de tierra para ampliar el cementerio Los Andes, con un supuesto permiso del municipio de Achocalla.
Arias permaneció siete horas en la Fiscalía, mientras que Condori llegó acompañado de sus abogados. El Ministerio Público ha iniciado una investigación penal por estrago agravado con homicidio. La mazamorra, ocurrida entre el sábado y domingo, destruyó casas y vehículos, conmocionando a la población. Las declaraciones de los alcaldes serán cruciales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Por otro lado, Luis Iturralde, propietario de Kantutani, enfrenta detención domiciliaria en Perú mientras se tramita su extradición a Bolivia. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, Iturralde deberá presentarse periódicamente ante la justicia peruana, lo que marca el inicio del proceso de extradición hacia Bolivia.