Washington D.C., 24 de enero de 2025 – La nueva normativa de deportaciones aprobada por el Congreso bajo la administración de Donald Trump ha generado tensiones políticas y sociales en Estados Unidos, dejando al Partido Demócrata profundamente dividido y a miles de migrantes en incertidumbre.
Entre los puntos más controvertidos de la ley está la posibilidad de expulsar a inmigrantes acusados de delitos menores sin necesidad de juicio previo. La medida, respaldada por los republicanos, endurece el control migratorio y refuerza los poderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permitiendo acciones en áreas consideradas sensibles, como escuelas e iglesias, donde anteriormente se requerían pasos adicionales para realizar arrestos.
Para Nedi, una venezolana que cruzó recientemente a Estados Unidos junto a sus hijos, la incertidumbre es palpable. Tras un peligroso viaje a través del Tapón del Darién y el uso de CBP One para planificar su entrada, la cancelación de este sistema por parte de la administración Trump ha dejado a su familia y a muchos otros en un limbo. “Nos preocupa no poder quedarnos, que nos envíen de regreso”, expresó.
A nivel estatal y municipal, ciudades como Chicago y Las Vegas han declarado su oposición a colaborar con las nuevas políticas federales. En Chicago, escuelas y autoridades policiales aseguran que no cooperarán con redadas de ICE ni compartirán información migratoria, mientras que en Las Vegas, el sheriff local señaló que no participará en operativos masivos.
A pesar de las críticas, la administración Trump defiende la nueva normativa como un esfuerzo necesario para fortalecer la seguridad nacional y frenar la inmigración irregular. No obstante, expertos advierten que estas medidas podrían aumentar los riesgos para los migrantes al empujarlos hacia rutas más peligrosas y generar un clima de miedo en las comunidades afectadas.