Brasil, 9 de marzo de 2025 – La crisis de precios en Brasil se agrava, afectando directamente a los consumidores. A la polémica por el aumento del costo de los alimentos se suma el encarecimiento del combustible, con subidas del 7,1% en la gasolina y del 5,3% en el gasóleo. Petrobras, además, anunció un ajuste adicional del 6,89% en el precio del diésel para distribuidores. Estos incrementos están vinculados al aumento del impuesto ICMS y al impacto del tipo de cambio, generando preocupación por su efecto en el transporte y la cadena de suministros.
El sector alimentario ha sido uno de los más golpeados por la inflación. El IPCA-15 subió un 0,11% en enero, con los precios de los alimentos y bebidas aumentando un 1,06%. Productos básicos como el café han alcanzado precios históricos, con un incremento del 40% en 2024 y un alza del 6,9% solo en el último mes. Ciudades como San Pablo, Goiânia y Campo Grande registran los mayores aumentos, afectando el consumo de carne, que ha subido hasta un 31,32%.
Las consecuencias de esta crisis ya se reflejan en la popularidad del gobierno. Según una encuesta de Quaest, la desaprobación al Ejecutivo alcanzó el 49%, superando por primera vez a los que lo apoyan. Además, el 83% de los brasileños percibe un aumento en el precio de los alimentos, lo que agrava la presión sobre la administración de Lula da Silva. El presidente ha anunciado medidas como la reducción de tasas de importación y un nuevo plan agrícola para incrementar la oferta de productos y estabilizar los precios.
El gobierno también evalúa la posibilidad de crear una red de minoristas que ofrezca productos esenciales a menor precio. La propuesta de vender alimentos a precios accesibles, similar al programa «Farmacia Popular», ha sido descartada por el ministro de la Casa Civil, Rui Costa. Mientras tanto, los consumidores han notado cambios en los supermercados, donde el aceite de orujo de oliva turco y el pescado chino han comenzado a reemplazar a productos tradicionales más caros.
La crisis también ha destapado escándalos de fraude alimentario. En Brasil, se detuvo la venta de un compuesto lácteo adulterado con productos vencidos, aunque sigue comercializándose en Venezuela. Además, la Policía Federal incautó 800 toneladas de carne podrida que se revendía como carne uruguaya de calidad. Estos casos han generado preocupación sobre la seguridad alimentaria y la falta de controles en la industria.
El fortalecimiento del dólar frente al real ha agravado el problema. El Banco Central ha vendido reservas para frenar su apreciación, pero en enero el tipo de cambio seguía en 5,84 por dólar. A pesar de estas intervenciones, la tasa de interés Selic subió al 13,25% anual, y los analistas prevén que alcance el 15% en junio, el nivel más alto desde 2006. La falta de confianza en la política económica del gobierno contribuye a la volatilidad del mercado y a la escalada inflacionaria.
El déficit fiscal y el endeudamiento público también preocupan. En 2024, las empresas estatales registraron un déficit de 8,1 billones de reales, el peor de la historia del país. La deuda pública ya alcanza el 76,1% del PIB, lo que genera incertidumbre sobre el futuro económico. En este contexto, Lula ha descartado nuevos recortes fiscales, asegurando que las restricciones presupuestarias no afectarán las inversiones. Sin embargo, la crisis de precios sigue golpeando a los brasileños, afectando su calidad de vida y su confianza en el futuro del país.