Cochabamba, 23 de marzo de 2025 – Desde octubre de 2024, un sector del trópico de Cochabamba se ha convertido en un bastión de resistencia donde dirigentes políticos y personas buscadas por la justicia se refugian bajo estrictas medidas de seguridad. En la zona se han instalado carpas, bardas de madera y anillos de control que vigilan el ingreso de cualquier persona, exigiendo carnets sindicales y revisando pertenencias. Además, se ha identificado la presencia de extranjeros, lo que ha llevado al Gobierno a advertir sobre una posible internacionalización de la crisis.
Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos armados con palos, escudos, bazucas artesanales e incluso armas de fuego, con los miembros más cercanos a Evo Morales y Ponciano Santos portando armamento de mayor calibre. Mientras Morales y Santos insisten en que son víctimas de persecución política, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, denunció que estos sectores buscan desestabilizar el país y advirtió sobre la presencia de extranjeros en las vigilias. «No podemos permitir que el trópico se convierta en un santuario para delincuentes», enfatizó.
La radicalización del conflicto también se refleja en las amenazas lanzadas por seguidores de Morales contra la Policía y el Ministerio de Gobierno. Desde redes sociales, dirigentes sindicales han advertido que si las autoridades intervienen y detienen a Morales, responderán con acciones contra los familiares de los efectivos. “Si atentan contra Evo, nosotros atentaremos contra la vida de los policías”, declaró un integrante de la guardia sindical.
Entre los refugiados en la zona se encuentran cuatro personas buscadas por el quíntuple asesinato de Pucamayu, así como dirigentes investigados por terrorismo y alzamiento armado. Además, pesa una orden de aprehensión contra Morales desde octubre de 2024, acusado de trata y tráfico agravado por una relación con una menor de edad. La Fiscalía de Tarija confirmó que la víctima y sus padres residen en ese departamento y mantienen su denuncia activa. Mientras el conflicto se agrava, el Gobierno evalúa las acciones a seguir ante la creciente tensión en la región.