La Paz, 24 de marzo de 2025 – El Gobierno boliviano deportó a 20 integrantes del autodenominado «Estados Unidos de Kailasa», un estado ficticio que intentó asentarse en comunidades indígenas del país. La directora de Migración, Katherine Calderón, informó que estas personas fueron ubicadas en operativos en Beni y Santa Cruz, y que tienen prohibido volver a ingresar al país.
Según la investigación del periódico El Deber, al menos tres pueblos indígenas firmaron acuerdos de arrendamiento con esta secta por miles de hectáreas de tierras fiscales, comprometiéndose por «mil años» a cambio de una renta anual. Los documentos fueron suscritos entre septiembre y noviembre de 2024 por representantes de la nación Baure y las comunidades Cayubaba y Esse Ejja.
Calderón señaló que algunos dirigentes indígenas facilitaron el ingreso de estos extranjeros con fines personales, pero que las autoridades lograron impedir su asentamiento en el municipio de Exaltación. La mayoría de los deportados entraron al país entre noviembre de 2024 y enero de este año.
El Gobierno negó cualquier relación con este grupo, aunque en octubre de 2024, durante un evento de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), el presidente Luis Arce fue fotografiado recibiendo un libro de una representante de Kailasa.