Las repetidas denuncias presentadas por Evo Morales fueron desestimadas por la justicia boliviana, pese a ello, Morales sigue haciendo acusaciones basadas en supuestos sin presentar pruebas o formalizar las mismas ante los organismos competentes.

Hoy, nuevamente, usó su programa en la Radio Kawsachun Coca para lanzar una serie de acusaciones contra el congreso de las organizaciones sociales y el gobierno de Luis Arce. Morales afirmó que el congreso nacional del MAS-IPSP es excluyente, algo completamente alejado de la realidad, pues en su convocatoria se invita a toda la militancia e, incluso, al mismo Evo Morales y la actual directiva del MAS-IPSP.

Continuando con sus denuncias, el exmandatario se refirió a una supuesta falta de avances en el caso de las piscinas de litio, algo que fue desmentido con claridad por la presidenta de YLB en una conferencia de prensa esta tarde. Asimismo, una denuncia anterior sobre la participación del hijo de Luis Arce en un proyecto de extracción de carbonato de litio, fue desmentida, principalmente porque Marcelo Arce Mosqueira nunca trabajó en YLB y los audios presentados por Morales no constituyen una prueba fehaciente.

La denuncia de Evo Morales contra Marcelo Arce fue desestimada debido a tres razones fundamentales. En primer lugar, Marcelo Arce nunca trabajó en la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), lo que invalidaba la supuesta influencia que se le imputaba. En segundo lugar, las pericias realizadas a los audios presentados como evidencia no mostraron ningún sustento probatorio para la denuncia, siendo incapaces de identificar alguna conclusión penal. Y por último, ninguna de las empresas mencionadas en los audios tenía algún contrato con YLB ni con el Estado boliviano, lo que desvinculaba cualquier supuesta irregularidad en los negocios relacionados con el litio. Con estos argumentos, la Fiscalía rechazó la denuncia de Morales y cerró el caso al no encontrar elementos que configuraran algún delito.

A todo esto se suma la sugerencia de Morales sobre la muerte del exgerente de YLB, la misma que calificó como un «suicidio inducido», nuevamente, sin ofrecer evidencias de respaldo.

En fechas anteriores, alertó sobre la presencia de patrullas y efectivos policiales en el Trópico de Cochabamba, diciendo temer por su vida y culpando directamente al gobierno. Estrategia que usó en varias ocasiones durante su gobierno, mismas que fueron calificadas como delirios de persecución por el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien lo llamó «mitómano compulsivo» por las muchas veces que causó zozobra en la población, recordemos cuando dijo que Western Union dejaría de operar en Bolivia, o cuando acusó al gobierno de ser responsable de cortar el suministro de combustible durante el congreso de Lauca Ñ. Ambas afirmaciones desmentidas contundentemente tanto por la ASFI como por YPFB.

Ante todo esto, la opinión pública se pregunta por qué no se acusa a Evo Morales por difamación y otros delitos relacionados a las falsas denuncias que realiza.