La espera y la incertidumbre continúan en Bolivia en torno a las Elecciones Judiciales, un proceso que ha sido objeto de intensos debates y controversias. Desde la conformación de los candidatos hasta las impugnaciones y reclamos, el camino hacia unas elecciones transparentes y democráticas ha estado plagado de obstáculos.
El proceso se estancó desde el inicio, cuando la propuesta de un mecanismo de doble revisión de consultas y reclamos fue rechazada, lo que permitió que muchas impugnaciones detuvieran el proceso. La falta de claridad en las decisiones de inhabilitación generó aún más controversia, llevando a múltiples impugnaciones que deben ser tratadas individualmente, retrasando aún más el proceso.
La equidad de género, un aspecto crucial para unas elecciones justas, también se vio comprometida. A pesar de las advertencias sobre la falta de candidatas mujeres, la propuesta de extender el plazo para aumentar la participación femenina fue rechazada, lo que puso en entredicho el compromiso con la igualdad de género en el proceso.
Además, las acusaciones de motivaciones políticas en las inhabilitaciones han aumentado la tensión. La exclusión de candidatos como Israel Campero, que cumplían con los requisitos técnicos, pero fueron considerados «autoprorrogados» por sectores de la oposición, refleja una interferencia política que socava la integridad del proceso.
La lista de postulantes inhabilitados que presentaron amparos constitucionales, muchos de los cuales tienen vínculos con figuras políticas prominentes, ha suscitado sospechas sobre la manipulación del proceso para fines partidistas.
En este escenario, la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de establecer los procedimientos electorales. La necesidad de proporcionar los medios para avanzar en las elecciones se vuelve aún más urgente, ya que la ciudadanía espera un desenlace que garantice la legitimidad y transparencia del sistema judicial boliviano.