El secretario de actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Armin Flores, denunció que el expresidente Evo Morales está buscando una indemnización cercana a los Bs 2 millones con el fin de financiar movilizaciones y generar desestabilización en el país. Flores afirmó que Morales necesita justificar de manera lícita cómo financiar a los grupos que están planificando movilizaciones y acciones de presión.
“Él (Morales) necesita justificar lícitamente cómo va a financiar a estos grupos que están haciendo este plan de incendio (contra el país), porque como hemos visto a inicios de año, con las movilizaciones para pedir la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial, ha habido un gran financiamiento para incluso trasladar a gente del trópico a otros departamentos”, declaró Flores en una entrevista con Bolivia TV.
Flores señaló que los operadores de Morales utilizarán este dinero para organizar movilizaciones en algunas regiones, con el objetivo de crear la percepción de que hay un descontento generalizado con el actual Gobierno. Esta situación se da en el contexto de las amenazas de los seguidores de Morales de iniciar medidas de presión si se inhabilita su postulación presidencial.
Pese a haber rechazado la indemnización en 2022, Morales demanda Bs 1.912.933,59, argumentando que fue inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba en 2020 por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido entonces por Salvador Romero. El cálculo de la indemnización se basa en los sueldos que Morales no pudo percibir debido a su inhabilitación, según su abogado, el exministro Wilfredo Chávez.
En su demanda, Chávez invoca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, emitida el 7 de mayo de 2021, que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica. Morales fue inhabilitado porque no residía en Bolivia, ya que en ese entonces se encontraba en refugio político en Argentina. Su lugar fue ocupado por el dirigente cocalero Leonardo Loza, actual senador.
Durante su programa dominical, Morales explicó que la demanda de indemnización forma parte de una estrategia para procesar penalmente a los vocales que lo inhabilitaron. “Por estrategia jurídica, se presentó la sentencia del TCP tal como está (con la indemnización), para que con esa prueba se admita la demanda de proceso penal a los vocales; yo no estoy de acuerdo con eso, pero por estrategia jurídica habían apelado”, afirmó Morales.