La Paz, 28 de mayo – El Juzgado de Sentencia Número 3 ha condenado a cinco años de prisión y una multa de 300 días al exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, por la adquisición con sobreprecio de 91.385 mochilas escolares, lo que resultó en un daño económico de Bs 12.469.247,50. La sentencia también incluye al exsecretario Municipal de la Secretaría Administrativa y Financiera de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Bernardo Moreno Barrón, quien recibirá una condena similar y deberá cumplir su pena en la cárcel de San Antonio.
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que intervino como sujeto procesal de pleno derecho en este proceso, logrando una sentencia condenatoria que sanciona un grave acto de corrupción que afectó recursos públicos y causó indignación en la población cochabambina. Asimismo, la PGE anunció que interpondrá un recurso de apelación restringida respecto a los coacusados José Miguel Padilla Parada, Carolina Ayala Rojas, Gabriela García Magne, René Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez Ramírez, quienes fueron absueltos, con el fin de evitar impunidad en perjuicio del patrimonio público.
En abril de 2023, Leyes, quien tenía dos mandamientos de aprehensión, fugó del país para eludir los varios procesos legales que enfrentaba por su gestión en la Alcaldía de Cochabamba. En mayo de 2023, el exalcalde fue sentenciado en rebeldía a un año de prisión por el caso denominado “nombramientos ilegales”. El mismo mes, el Juzgado de Sentencia Décimo de Cochabamba dictó una sentencia de cinco años de cárcel en su contra por el caso denominado “comida”, relacionado con un proceso de contratación irregular que se realizó en un solo día y en el que la empresa contratada no cumplía con los requisitos mínimos.
En enero de este año, Leyes sumó una sentencia de tres años de presidio por ejecutar 168 procesos de contratación de material de escritorio y otros equipos para oficina de manera irregular.
Esta última sentencia por el caso de las mochilas escolares representa un esfuerzo continuo de la justicia boliviana por sancionar actos de corrupción y proteger el patrimonio público.