Bolivia, 11 de septiembre de 2024 – Ante la magnitud de los incendios forestales que han devastado más de 3,8 millones de hectáreas en Bolivia, el Gobierno ha tomado medidas drásticas para combatir esta crisis ambiental. El presidente Luis Arce aprobó un decreto que establece una pausa ambiental indefinida, la cual anula todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y declara «no disponibles» las tierras fiscales afectadas por incendios durante cinco años. Esta medida tiene como objetivo permitir la restauración y posterior utilización de las tierras quemadas.
El decreto también refuerza el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional, a través de los Ministerios de Defensa y de Gobierno. En paralelo, el Gobierno ha enviado al Legislativo un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los responsables de incendios forestales. Según la propuesta, las personas que provoquen incendios en bosques, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales podrían enfrentar condenas de entre 6 y 13 años de cárcel. Además, quienes ordenen o se beneficien de estos incendios podrían ser condenados a penas de 5 a 7 años.
La actual legislación presenta penas leves para quienes causan incendios forestales, lo que ha llevado a la liberación de personas encontradas con combustible para incendios y otras que se beneficiaron con juicios abreviados. El nuevo proyecto de ley busca modificar el Código Penal para aumentar las sanciones y disuadir a los responsables de estas prácticas destructivas. La rapidez en la aprobación de esta ley depende ahora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los legisladores del evismo y de las oposiciones Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos deberán decidir sobre su contenido y aplicación.