Bolivia, 2 de octubre de 2024 – Carlos Romero junto al equipo legal de Evo Morales, ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa en la que denunciaron una supuesta «persecución política» contra el expresidente Evo Morales y varios dirigentes del Pacto de Unidad, tras la marcha pacífica realizada por la «vida y la salvación de Bolivia». Según Romero, el Gobierno activó varios procesos judiciales en su contra, junto con órdenes de aprehensión dirigidas a líderes de la movilización.
Romero afirmó que ya hay tres personas detenidas, una en Oruro y dos en Caranavi, y que las denuncias han sido presentadas ante la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuesta hasta ahora. Entre los procesos que, según él, fueron activados de manera clandestina, se incluye una denuncia por «instigación pública a delinquir» presentada por Melania Torrico, exautoridad del Ministerio de Gobierno. Además, se mencionan denuncias de la ABC por supuesto daño económico al Estado y una acusación de calumnias e injurias presentada por el Procurador General, César Siles.
Carlos Romero también reveló que se habría conformado una comisión de fiscales que, en un tiempo «récord», activó una acción penal de oficio contra Morales, elaborando una resolución de aprehensión en su contra sin control jurisdiccional. Según Romero, cualquier uniformado en el territorio boliviano podría proceder a detener al expresidente debido a la supuesta orden de captura.
«Desde el sábado, Evo Morales es perseguido por el Gobierno», aseguró Romero, quien también denunció el desplazamiento de tropas militares y fuerzas élite al Chapare, donde supuestamente se preparaba una operación para detener al líder cocalero.
Finalmente, Romero afirmó que Morales estuvo «secuestrado» en el Trópico de Cochabamba durante varios días, protegido por sus seguidores de la región, mientras se resolvía una acción de libertad que, según dijo, fue atendida en un juzgado de Santa Cruz.