La Paz, 11 de noviembre de 2024 – En medio de una ola de bloqueos que ha afectado a Bolivia durante las últimas semanas, sectores políticos y legales han comenzado a debatir la posibilidad de endurecer las sanciones para quienes lideren estas manifestaciones. Estos bloqueos, protagonizados en su mayoría por grupos afines al expresidente Evo Morales, han causado graves impactos en la economía, la movilidad de la ciudadanía y la estabilidad política del país. Ante esta situación, surge la interrogante de si Bolivia debería adoptar un marco legal similar al de Perú, donde el decreto legislativo 1589 impone penas de hasta 15 años de cárcel para los organizadores de bloqueos y de hasta 6 años para los participantes.
El abogado constitucionalista William Herrera considera factible la aplicación de sanciones penales para quienes obstaculicen el libre tránsito, señalando que el Código Penal boliviano ya contempla penas similares para delitos como la obstrucción de vías y el daño a la propiedad pública. Sin embargo, Herrera advierte que uno de los principales obstáculos es la falta de una ley específica que regule las protestas en el país. “Lo que se requiere es una normativa clara que defina los límites de las manifestaciones para evitar que se conviertan en actos de violencia o desorden”, indicó.
Por otro lado, el exfiscal y abogado penalista Joadel Bravo destaca la urgencia de implementar regulaciones más severas, argumentando que los bloqueos son organizados por una minoría que afecta a la mayoría de la población y perjudica la imagen internacional del país. Bravo sostiene que una legislación similar a la peruana no debería enfrentar grandes desafíos legales, ya que se trataría de una medida de interés nacional. Además, mencionó que, en casos de bloqueos que afecten infraestructura crítica, se deberían establecer penas más severas para evitar daños mayores.
Ambos expertos coinciden en que, aunque estas medidas son viables desde un punto de vista legal, el principal obstáculo es político. Según Herrera, el gobierno de Luis Arce tendría que enfrentarse a una oposición interna del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyas bases han apoyado históricamente el uso de bloqueos como herramienta de protesta. Además, implementar un estado de excepción para controlar estos disturbios requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el gobierno no cuenta con mayoría, lo que podría complicar aún más el proceso.
En conclusión, mientras el debate sobre la regulación de las protestas continúa, el desafío para el gobierno radica en encontrar un equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos que se ven afectados por los bloqueos.