La Paz, 9 de enero de 2025 – Durante su mandato, el expresidente Evo Morales defendió en repetidas ocasiones la presencia de familiares de altas autoridades en cargos públicos. Morales insistió en que no era un «pecado ni delito» que parientes trabajaran en el aparato estatal, siempre que no se incurriera en nepotismo según las leyes vigentes.
En múltiples conferencias de prensa, Morales sostuvo que «todos tienen derecho a trabajar» y que las acusaciones contra miembros de su gobierno buscaban desgastar políticamente a sus aliados. Según datos de la Contraloría en ese periodo, familiares de al menos diez autoridades del Ejecutivo ocuparon cargos estatales. Entre los casos más sonados, se mencionó al padre y al esposo de la diputada oficialista Valeria Silva, quienes tenían roles en instituciones clave como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP).
El propio Morales recordó haber enfrentado acusaciones de nepotismo al inicio de su gestión en 2006, cuando se descubrió que un primo suyo trabajaba en el Ministerio de Educación. Morales justificó el hecho señalando que su pariente ocupaba el puesto desde gobiernos anteriores. Asimismo, evocó casos de gobiernos «neoliberales», mencionando a expresidentes como Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes, según él, «llenaron el Estado con familiares en altos cargos».
La oposición, sin embargo, denunció tráfico de influencias y falta de ética en la designación de parientes. Figuras como para entonces, la senadora Jeanine Áñez criticaron duramente la actitud permisiva del entonces presidente y exigieron investigaciones que esclarecieran si las contrataciones violaban normativas de empleo público.
Morales insistió en que las denuncias no implicaban necesariamente nepotismo, defendiendo que en muchos casos los familiares ya trabajaban en el Estado antes de que los funcionarios asumieran sus cargos. Sin embargo, las constantes revelaciones generaron cuestionamientos sobre la transparencia y el cumplimiento de las leyes, en un contexto donde las designaciones familiares se convirtieron en un tema recurrente de debate político.