La Paz, 15 de enero de 2025 – La defensa de la familia de Odalys Vaquiata, joven desaparecida desde el 30 de marzo de 2024, solicitó este martes que se emita una sentencia de 30 años de prisión contra Joel Pérez y sus padres, acusados del presunto feminicidio, pese a que el cuerpo de la víctima no ha sido encontrado. Franklin Chacalluca, abogado de la familia, explicó que la acusación formal presentada en diciembre de 2024 cuenta con suficientes pruebas para sustentar el caso.
“Este proceso nos habilita a llevar a Joel Pérez y a sus progenitores a un juicio oral y público contradictorio. Contamos con una comunidad de pruebas claras que demuestran su grado de responsabilidad en el feminicidio de Odalys,” señaló Chacalluca en una entrevista para el programa Que No Me Pierda de Red Uno.
El abogado detalló que una apelación pendiente presentada por la defensa de los acusados busca retrasar el inicio del juicio, calificándola de “maliciosa.” Sin embargo, confía en que el Tribunal de Sentencia resolverá el caso en favor de la familia de la víctima una vez se resuelva el recurso.
“Estamos esperando que se devuelva el expediente al Tribunal de Sentencia sorteado para avanzar con el juicio. La acusación fiscal es sólida y contundente,” afirmó Chacalluca.
El jurista recordó que en Bolivia existen precedentes en los que se dictaron sentencias por feminicidio sin la existencia del cuerpo, con casos similares en Tarija, Oruro y Santa Cruz. En este sentido, solicita que se aplique la misma jurisprudencia en el caso de Odalys.
Chacalluca aseguró que se ha presentado evidencia irrefutable que respalda la acusación. Según las pruebas, Joel Pérez sería el autor del feminicidio, mientras que sus padres están señalados como cómplices.
“Hemos establecido con pruebas fehacientes que la señorita Odalys fue víctima de feminicidio. Ahora solicitamos al sistema judicial que actúe con celeridad y aplique la ley con todo su rigor,” enfatizó el abogado.
La familia de Odalys Vaquiata espera que la resolución de este caso marque un precedente en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género en Bolivia.