Beni, 27 de marzo de 2025 -La Fiscalía Departamental de Beni abrió una investigación sobre los delitos de tráfico de tierras y organización criminal relacionados con contratos de arrendamiento perpetuo de territorios bolivianos a favor del Estado ficticio de Kailasa. Este supuesto acuerdo bilateral involucra a comunidades indígenas de Beni y Pando, que habrían firmado los contratos con dirigentes de pueblos como los baure, cayubaba y los esse ejja.
El fiscal Gerardo Balderas señaló que las investigaciones buscan identificar a los responsables y tomar las acciones legales pertinentes. La denuncia inicial fue presentada por la Unidad del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y luego por la diputada María René Álvarez de Creemos.
Los contratos con el ficticio Estado Kailasa, que no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, violan la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales que protegen las tierras y territorios comunitarios. La investigación también incluye el tráfico de tierras en áreas de comunidades indígenas en la región amazónica.
La Dirección General de Migración de Bolivia ya expulsó a 12 mujeres, miembros de la secta Kailasa, que habían llegado al país bajo este esquema. Además, se prevé la identificación de otros posibles involucrados en el país.
La Ley 1715 establece que las tierras indígenas y comunitarias son intransferibles y prohíbe contratos de arrendamiento. De ser comprobados los delitos, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de 3 a 8 años, según la Ley 477 sobre tráfico de tierras.