El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, aclaró que el Proyecto de Ley 035 de Incremento a los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez no limita el derecho de los adultos mayores de 65 años o más a continuar trabajando. Esta afirmación surge en respuesta a las preocupaciones manifestadas por dirigentes de sectores como salud y educación, quienes consideran que la normativa podría obligarlos a jubilarse a esa edad.
La Disposición Adicional Única del proyecto establece que los trabajadores dependientes de 65 años podrán someterse a un examen médico, pero este no será una limitante para su continuidad laboral en el sector público o privado. Según Apaza, si el examen médico indica que el trabajador tiene las facultades físicas para seguir desarrollando su labor, podrá continuar trabajando, ya que el derecho al trabajo está garantizado por la Constitución Política del Estado.
Actualmente, un porcentaje significativo de jubilados, alrededor del 8%, continúa trabajando debido a que mantienen las condiciones físicas para hacerlo. Sin embargo, estos trabajadores no reciben ciertos beneficios para evitar la doble percepción. El viceministro destacó la importancia de evaluar individualmente las capacidades físicas de cada trabajador y señaló que el proyecto de ley busca preservar la vida de los adultos mayores en el ámbito laboral.
Además, Apaza aclaró que el proyecto no aumenta la edad de jubilación, la cual se mantiene en 58 años según lo establecido en la Ley 065 de Pensiones. Asimismo, destacó las políticas de género implementadas por esta ley, que permiten a las mujeres jubilarse a los 55 años y reducen la edad de jubilación por cada hijo nacido vivo.
El Proyecto de Ley 035 fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hace nueve meses, y es en esa instancia donde debe ser tratado para su aprobación. Por tanto, Apaza instó a los trabajadores de salud a dirigir sus protestas hacia dicho órgano legislativo, que tiene la facultad de analizar la normativa. El proyecto busca incrementar los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y fortalecer el Fondo Solidario, con ajustes en los aportes patronales y nacionales para asegurados que perciben remuneraciones superiores a ciertos montos.